La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 19 de febrero de 2026, prometía un respiro para cientos de presos políticos acumulados desde protestas de 2014 hasta las postelectorales de 2024. Sin embargo, dos meses después, organizaciones como Foro Penal reportan que más de 470 personas permanecen tras las rejas por motivos políticos, cuestionando la efectividad y alcance real de esta norma. Bajo el gobierno transitorio de Delcy Rodríguez, tras la salida de Nicolás Maduro, la ley se presentó como un gesto de reconciliación, pero críticos la tildan de limitada y selectiva.
Este vacío genera tensiones internas y presiones internacionales de EE.UU., la UE y la OEA, que exigen liberaciones plenas. En un país con 8 millones de emigrantes por represión y crisis, la persistencia de detenciones arbitrarias socava la transición democrática prometida.
Contexto de la crisis de presos políticos
Venezuela arrastra un historial de persecución política desde 1999, intensificado en 2017 con protestas masivas y en 2024 tras elecciones controvertidas. Autoridades y colectivos armados detuvieron arbitrariamente a opositores, periodistas y activistas, con denuncias de torturas y desapariciones forzadas. Human Rights Watch documenta represión brutal post-28 de julio de 2024, con miles de arrestos.
Foro Penal registraba 2.000 detenciones en 2024; para enero de 2026, tras caídas políticas, se liberaron 80 inicialmente. La pobreza multidimensional afecta al 80 por ciento de la población, agravando vulnerabilidades de detenidos sin acceso a alimentos o medicinas.
Detalles de la Ley de Amnistía 2026
La ley, de 50 artículos, concede amnistía general para delitos políticos desde 1999, excluyendo violaciones graves a derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra (artículo 29 CRBV). Cubre sedición, rebelión y daños a bienes públicos, pero exige reparación a víctimas (artículo 30 CRBV).
Aprobada por unanimidad, propone indemnizaciones y garantías de no repetición. Opositores en la Asamblea la celebraron como avance, aunque pidieron amplitud. El gobierno la vinculó a presión de Washington para normalizar relaciones.
COFAVIC critica su insuficiencia: no obliga liberaciones inmediatas ni aborda impunidad, violando obligaciones internacionales de verdad y justicia.
Liberaciones parciales y cifras actuales
Tras promulgación, se excarcelaron unos 200, incluyendo militares y civiles de protestas pasadas. Foro Penal actualizó al 20 de abril de 2026: 473 presos políticos (432 hombres, 45 mujeres; 290 civiles, 187 militares, 1 adolescente). De ellos, 164 condenados, 313 en prisión preventiva; 43 extranjeros o dobles nacionalidades.
Amnistía Internacional nota incremento postelectoral, con 503 en marzo pese a la ley. Persisten malas condiciones: hacinamiento, torturas y juicios injustos.
| Categoría | Pre-ley (enero 2026) | Liberados (feb-abr) | Detenidos actuales (abr 2026) | % Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| Civiles | 1.200 | 150 | 290 | 24% |
| Militares | 300 | 40 | 187 | 62% |
| Mujeres | 100 | 20 | 45 | 45% |
| Extranjeros | 50 | 10 | 43 | 86% |
| Total | 1.800 aprox. | 300 aprox. | 473 | 26% |
Esta tabla resume el estancamiento, con militares y extranjeros rezagados.
Razones del cuestionamiento y críticas
La ley falla en aplicación: excluye casos complejos como militares acusados de traición, y burocracia judicial dilata procesos. ONGs denuncian detenciones nuevas por «desestabilización», burlando la amnistía.
Oposición acusa selectividad: liberan figuras menores, reteniendo líderes. HRW y Amnistía alertan impunidad para torturadores. Internacionalmente, CPI investiga crímenes de lesa humanidad, complicando indultos.
Víctimas exigen reparación integral, no solo excarcelación condicional.
Casos emblemáticos de detenidos
Entre los 473, destacan líderes como el general Antonio José Benavides, preso desde 2024 por supuesta rebelión, y la activista Rocío San Miguel, torturada según denuncias. Militares como el capitán Javier Torres sufren aislamiento en Ramo Verde.
Periodistas como Roland Carreño y extranjeros como los «mercenarios» de 2020 permanecen, pese a promesas. Adolescentes y mujeres embarazadas enfrentan condiciones inhumanas en Tocorón y Yare III.
Impacto social y político
La detención de 473 erosiona confianza en la transición. Familias protestan en Caracas, y diáspora venezolana en Miami presiona al Congreso de EE.UU. para condicionar alivio de sanciones. La OEA urge observadores independientes.
Económicamente, desalienta inversión: ¿cómo atraer capital con represión activa? Pobreza fuerza migración continua, con 8 millones huidos desde 2014.
Respuestas internacionales y presiones
EE.UU. vincula licencias petroleras a liberaciones plenas. UE y Canadá congelan fondos. Foro Penal y COFAVIC demandan CPI intervención.
Gobierno responde con «amnistía progresiva», pero ONGs ven maniobra dilatoria.
Desafíos para implementación efectiva
Obstáculos incluyen independencia judicial nula, con SEBIN y DGCIM controlados políticamente. Corrupción y colectivos armados generan miedo a retaliaciones.
Soluciones proponen: auditoría independiente, moratoria detenciones políticas y comisión verdad.
Perspectivas futuras y llamados a la acción
Con 473 detenidos, la ley pende de un hilo. Transición depende de liberaciones totales para elecciones creíbles en 2027. Sociedad civil urge unidad opositora y apoyo global.
Sin cambios, Venezuela arriesga aislamiento. La amnistía podría ser hito o farsa; el tiempo y acciones judiciales decidirán.
Dylan Walsh es periodista y redactora de Laurax Institute, enfocada en noticias internacionales y tendencias digitales. Su objetivo es presentar información clara, confiable y relevante para mantener informada a la audiencia sobre los temas más importantes del mundo.